Plan de autoprotección: qué exige la norma y qué debe mostrar el plano

La Norma Básica de Autoprotección se aprueba por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, y regula la autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. No es una norma de eventos, es una norma general, pero su anexo I incluye expresamente los espectáculos públicos y las actividades recreativas, y por ahí entra la mayoría de festivales, ferias y conciertos.

Lo que la norma obliga a hacer es un documento y una conducta. El documento es el plan de autoprotección: un texto con nueve capítulos tasados más tres anexos, uno de los cuales son los planos. La conducta es la implantación: que el personal esté formado, que los medios existan de verdad el día del evento y que el plan esté integrado en los planes de protección civil de ámbito superior.

Sobre esa base estatal se monta la capa que decide en la práctica: cada comunidad autónoma tiene competencia en espectáculos públicos y muchas han aprobado su propio catálogo de actividades obligadas. Cataluña, por ejemplo, deja claro que los límites de su catálogo son mínimos y que el municipio puede ampliar la cobertura a las actividades que le interesen. Dos eventos idénticos en dos provincias distintas pueden tener obligaciones distintas, y eso no es un error administrativo, es el diseño del sistema.

Los umbrales del anexo I del Real Decreto 393/2007 para espectáculos públicos y actividades recreativas son tres. En edificios cerrados, capacidad o aforo igual o superior a 2.000 personas, o altura de evacuación igual o superior a 28 metros. En instalaciones cerradas desmontables o de temporada, capacidad o aforo igual o superior a 2.500 personas. Y al aire libre, actividades con un número de asistentes previsto igual o superior a 20.000 personas.

Esas cifras son el suelo estatal. El País Vasco, por poner un caso verificable, exige el plan en edificios cerrados a partir de 300 personas, en instalaciones eventuales, portátiles o desmontables también a partir de 300 personas, y al aire libre desde 10.000. La diferencia con el umbral estatal es de dos órdenes de magnitud en recinto cerrado. Muchos ayuntamientos, además, lo piden muy por debajo cuando hay pirotecnia, estructuras temporales, venta de alcohol o corte de calles.

Hay un supuesto que se pasa por alto con frecuencia: si tu evento se celebra en un recinto que ya tiene su propio plan de autoprotección, un pabellón, un recinto ferial o un teatro, el organizador de la actividad temporal debe elaborar e implantar un plan de autoprotección complementario antes de que empiece la actividad. El plan del recinto no te cubre automáticamente.

La conclusión práctica es la misma en los tres casos: la pregunta no es si superas las 20.000 personas, es qué exige la ley de espectáculos de tu comunidad y qué añade la ordenanza de tu ayuntamiento. Pídelo por escrito al área de actividades o de vía pública en cuanto tengas una horquilla de aforo.

El aforo se calcula dividiendo la superficie útil de cada zona entre la densidad de ocupación que corresponde a su uso. La referencia técnica habitual en España es la tabla 2.1 del Documento Básico SI 3 del Código Técnico de la Edificación: 0,25 metros cuadrados por persona en zonas destinadas a espectadores de pie, es decir cuatro personas por metro cuadrado; 1 metro cuadrado por persona en salones de uso múltiple; 1,5 en zonas de público sentado de bares y cafeterías; 2 en vestíbulos generales y zonas de uso público.

Con el aforo por zona salen los anchos de evacuación. La misma norma dimensiona puertas y pasos con A igual o mayor que P dividido entre 200, con un mínimo de 0,80 metros, y pasillos y rampas con la misma fórmula y un mínimo de 1,00 metro, donde A es la anchura en metros y P el número de personas. En zonas al aire libre el criterio se relaja a A igual o mayor que P dividido entre 600. Por encima de 100 ocupantes, el criterio general deja de admitir una salida única.

Aviso de alcance: el Código Técnico está escrito para edificación, no para recintos temporales al aire libre. Se usa como referencia porque es lo que manejan los técnicos y los servicios de bomberos, pero quien fija el criterio aplicable a tu evento es la normativa de tu comunidad autónoma y el informe municipal. Si tu evento monta instalaciones eventuales, portátiles o desmontables, esa normativa suele tener su propio apartado.

Un detalle que cuesta expedientes: el aforo tiene que ser el mismo número en los tres sitios donde aparece. En la solicitud, en el plano y en la póliza del seguro de responsabilidad civil, cuya cuantía mínima se escala por aforo en casi todas las comunidades. Cuando el plano dice una cosa y la memoria otra, el técnico municipal no elige, requiere subsanación.

El capítulo 6 del plan, el plan de actuación ante emergencias, es el que convierte el documento en algo utilizable. Exige clasificar las emergencias posibles, escribir el procedimiento de actuación de cada una y poner nombre y funciones a las personas: jefe de emergencia, jefe de intervención y equipos. Un plan con casillas de responsable sin rellenar no está implantado, está redactado.

Las medidas de emergencia de un evento se sostienen sobre cuatro decisiones que conviene cerrar en la reunión de coordinación con policía local y bomberos: quién declara la emergencia y por qué canal, qué mensaje se lanza por megafonía y en qué idiomas, qué salidas se abren en cada escenario de evacuación y quién las abre físicamente, y a qué punto de reunión se dirige al público. Las cuatro se dibujan sobre el plano.

El plan tiene que integrarse además en los planes de protección civil de ámbito superior, lo que en la práctica significa acordar con el ayuntamiento el protocolo de aviso y de traspaso de mando cuando la emergencia supera a la organización. Y hay obligaciones de mantenimiento: la norma exige revisar el plan con una periodicidad no superior a tres años y realizar simulacros con la periodicidad que fije el propio plan y, en todo caso, al menos una vez al año.

El plan de autoprotección debe estar redactado y firmado por técnico competente, capacitado para dictaminar sobre los aspectos de autoprotección frente a los riesgos a los que está sujeta la actividad, y suscrito igualmente por el titular de la actividad o por quien lo represente. No hay una única titulación cerrada en la norma estatal, y algunas comunidades han concretado más el perfil, así que confirma el criterio de la tuya antes de encargar el trabajo.

El registro es competencia autonómica. La Norma Básica remite el órgano encargado a lo que establezca cada comunidad autónoma, o al órgano competente cuando la actividad tiene reglamentación sectorial específica. En el País Vasco, por ejemplo, existe un registro general y el titular debe solicitar la inscripción antes de iniciar la actividad, presentando el plan junto con la documentación de la licencia o autorización. En otras comunidades el circuito y los plazos son distintos.

En términos de calendario, esto significa dos cosas. Que el plan se encarga con semanas de margen, porque el técnico necesita la distribución del recinto cerrada para poder dibujar los planos de evacuación. Y que el plan viaja con el expediente de la licencia, no después, porque en varios municipios el informe de bomberos no se emite hasta que el plan está completo.